La rigidez no es la solución: el consenso legislativo y la flexibilidad fiscal como pilares de un Estado sostenible

En el contexto del debate sobre el proyecto de ley de Compromiso Fiscal y la promulgación del Presupuesto nacional, es necesario reflexionar sobre la calidad institucional de nuestras normas.

Por Gonzalo Lecuona, presidente de la ASAP

En el contexto del debate sobre el proyecto de ley de Compromiso Fiscal y la promulgación del Presupuesto nacional, es necesario reflexionar sobre la calidad institucional de nuestras normas. Una ley democrática requiere un debate amplio, ya que se aprueba dentro de una cultura y un contexto determinado. Si lo legislado es demasiado rígido o ajeno al funcionamiento real de la sociedad, tenderá a ser débil en su implementación. 

Para mitigar este riesgo, es indispensable alcanzar un consenso significativo en el proceso legislativo. Aunque no sea un requisito formal, algunas leyes –especialmente aquellas con impacto fiscal y presupuestario– deberían aspirar al mayor consenso. Cuanto más amplio sea el acuerdo, mayor será la sostenibilidad de la norma, no solo en el Congreso, sino en su cumplimiento efectivo. Un debate plural y profundo no garantiza el éxito, pero incrementa notablemente la probabilidad de una implementación exitosa.

Ahora bien, ese mismo espíritu de flexibilidad debe trasladarse a la gestión económica. Desde la vuelta de la democracia, términos como “déficit” o “deuda” han adquirido una connotación negativa casi automática. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada: no todos los déficits son iguales. Depende de si son extraordinarios o estructurales, de si financian gasto corriente o inversión pública. La pandemia fue un ejemplo extremo: ante una crisis global, la mayoría de los países no tuvieron más alternativa que gastar por encima de sus ingresos. Situaciones como inundaciones, sequías o conflictos internacionales también generan desequilibrios que exigen respuestas ágiles.

El “déficit cero” debe funcionar como un faro, una guía de responsabilidad. La pregunta no es “déficit sí o déficit no”, sino bajo qué circunstancias, con qué fin y cómo se financia. No es lo mismo endeudarse para construir infraestructura que para cubrir un gasto corriente insostenible. Tampoco es comparable la posición de un país con acceso a mercados y respaldo institucional, frente a otro sin margen de maniobra.

Uno de los principios presupuestarios clave es, justamente, la flexibilidad. Presupuestar es planificar. Y cuando se planifica en un contexto de incertidumbre, donde interactúan múltiples actores y operan una infinidad de factores, hay prácticamente una única certeza: las cosas no van a ser exactamente como se las previó. En el ámbito presupuestario, es casi imposible que los ingresos efectivos terminen siendo exactamente los que se previeron casi un año y medio antes. La planificación sirve para anticipar, organizar y priorizar, e ineludiblemente debe permitir ajustes cuando la realidad lo exige. Una regla de comportamiento que incluya a la flexibilidad, y que surja de un debate profundo y un amplio consenso tendrá mayor chance de perdurar más allá de los ciclos políticos.

La rigidez no es la solución porque la realidad no es rígida. ¿Cómo predecir el curso de un conflicto bélico, el precio de la energía, las tensiones comerciales o el impacto de la inteligencia artificial? No se puede. Lo que sí podemos hacer es rodearnos de expertos, analizar escenarios, asignar recursos con criterio y mantener la capacidad de reacción cuando el contexto cambie.

Esto no significa descalificar todo principio firme. Mi faro es el equilibrio fiscal y la responsabilidad en el endeudamiento. Y si me endeudo, que sea para financiar ferrocarriles, escuelas, rutas y puertos. En ese objetivo, bienvenida sea la rigidez. Pero en el diseño de las reglas que nos gobiernan, en la gestión de lo imprevisto y en la construcción de acuerdos, la flexibilidad y el consenso no son una debilidad: son la base de un Estado creíble, sostenible y preparado para el futuro.